MAMÁ, PAPÁ, QUIERO SER ESCRITOR

Hace poco comencé a sentirme especialmente molesto, no es que la molestia fuera nueva, simplemente comencé a centrar mi atención con mayor asiduidad.

Está todo el asunto de la RAE y la falta de criterio a la hora de publicar algunas entradas en su diccionario. Por otro lado me encuentro con la persistente tendencia del político medio de evitar responder a las preguntas directas que se les realiza, emitiendo un discurso basado en el enfrentamiento y la no aceptación de sus propias carencias, o de utilizar expresiones "delicadas" en lugar de un castellano justo y correcto.

En una entrevista reciente he escuchado a una política utilizar la expresión “palabra gruesa” que el día anterior formuló otro político, en este caso del partido antagonista; supongo que expresiones del tipo “malsonante”, “grosería”, etcétera, son demasiado vulgares para tan dignos representantes del pueblo, pero esa búsqueda de un lenguaje tan correcto, educado y que demuestre el gran talante del orador comienza a resultarme insoportabe... La lengua española es rica en contenido, ¿por qué este interés en aparentar que uno conoce la lengua inventándose expresiones y haciendo un uso pseudoartístico o, aun  más grave, pseudocientífico? Una moda muy periodística, arraigada en la tradición de la prensa deportiva (reto a cualquiera a que revise el estilo y la gramática del anuario que publica Marca sobre la liga de fútbol nacional) y que comienza a extenderse al resto de informaciones y noticias.

Y finalmente está el libre albedrío a la hora de presentar una información. Vamos, la habitual práctica de invitar a la confusión a través de un titular. Hoy en la página web del diario Público aparece la siguiente noticia:

“Hank Williams Jr. compara a Obama con Adolf Hitler”.

Cuando uno acaba de leer la noticia le queda claro que, si bien la analogía del señor Williams es desafortunada, no existe una comparación real entre el presidente de los EE.UU. y el conocido genocida. Más exacto hubiera sido decir:

“Hank Williams Jr. compara a Obama con Adolf Hitler y a John Boehner con Netanyahu”.

Sin embargo el titular seguiría creando confusión, invitándonos a pensar que el autor de la analogía sugiere que Obama es un genocida con bigote que odia al estado de Israel. Si uno lee con atención el artículo puede llegar a contextualizar la afirmación del Sr. Williams y darse cuenta de que se refiere al extraño efecto que ejerce la reunión de dos personas ideológicamente opuestas para jugar un partido de golf.

No digo que la analogía fuera extrema, quizás excesiva y, muy probablemente, inoportuna. Tampoco sé si detrás de esas palabras existía una intención oscura y maléfica que, desde luego, no puede inferirse del contexto en el que se produjo y que, sin embargo, ha llegado a ser titular de una noticia en un periódico de tirada nacional.

Pasen y vean.

A VUELTAS CON LA LENGUA

Hace un tiempo, en una conversación familiar, me mostraron el problema del “copago” en la sanidad pública. No era un cuestión meramente económica; había allí una cuestión lingüística. Llamar “copago” al hecho de tener que comprar la atención médica dentro de un sistema de salud que se financia a través de la hacienda pública resulta, aparte de la aplicación de epítetos más o menos ofensivos, principalmente, impropio, lo que según la RAE es “falto de las cualidades convenientes según las circunstancias”, y la circunstancia es que se trata de volver a pagar por un servicio que ya has pagado anteriormente: lo que coloquialmente se conoce como “repago”.

La discusión giraba ante el uso de ciertas palabras desde la administración pública, concretamente ante el hecho de encontrarme, algún año atrás, con un cartel del Metro de Madrid que hablaba sobre “clientes” (decía algo así como “al servicio de nuestros clientes”, pero no recuerdo).

En un primer momento me entró el pánico. El leve cambio de “usuario” (que usa algo por derecho o concesión, por ejemplo un servicio municipal) a cliente (persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o empresa), podía entenderse, fácilmente, como un primer paso hacia la privatización del transporte público.

En aquella misma conversación se mi hizo notar que una mejor gestión podía pasar por hacer entender al empleado su cometido en cuanto al usuario: si entendemos al viajero como cliente le debemos un respeto y una calidad de servicios que, normalmente, no asociamos a la gestión pública (colas interminables, administrativos poco agradables, etcétera). Es igualmente cierto que, en los últimos años, el servicio de Metro de Madrid ha mejorado en muchas áreas.

Sin embargo, ante la falta de escrúpulos a la hora de privatizar algunos servicios públicos, parece lógico cuestionar el empleo de un lenguaje asociado a la gestión empresarial en el ámbito público, evidenciando la peligrosidad de esta práctica.

Tiempo después, me encontré con una continuación de este diálogo informal en el blog de un conocido periodista, en el cual, aparte del concepto de “copago”, se hablaba del uso pernicioso que en política se hacía de las expresiones “inversión pública” y “gasto público”, aplicando el primero en todo aquel capital que recaía en empresas privadas o en proyectos de gran envergadura y aplicándose el segundo a los servicios básicos como la educación, la sanidad y las pensiones.

El uso de la lengua como arma política o como factor para el cambio social está ampliamente documentado, incluso con sus deslices. El último fue el del presidente de la Generalitat de Catalunya (lo pongo en catalán, no hiera sensibilidades), que, directamente, se defiende haciendo humor sobre el uso de la lengua de gallegos y andaluces. Pero antes que él, ya Rosa Díez tuvo un desliz similar con el gallego...

Pero todo esto no es difícil de entender si buscamos en el DRAE; Adriana Mourelos, en su blog, nos recuerda que no fue hasta 2009 que el diccionario por excelencia del castellano eliminó el americanismo “tonto” como definición de gallego y que aun puede encontrarse “tartamudo” como definición de este gentilicio realmente, en la versión digital del diccionario aun pueden encontrarse ambas definiciones, desapareciendo la primera sólo en la enmienda). Y es aquí donde se junta política, economía y lengua (qué bien nos vienen algunos amigos allende los mares).

Ahora la RAE se encuentra envuelta en la polémica al censurar los contenidos creados por Ricardo Soca, en su popular página elcastellano.org, a través del grupo Planeta. Hablamos de una entidad que, en aras del uso admite “tartamudo” como definición de gallego, al igual que permite grafías del tipo “Joseandrés” en su nueva ortografía, sin preguntarse si el dinero invertido en esta revisión ortográfica no hubiera sido mejor invertirlo en aumentar la calidad de la enseñanza de los países donde un mal uso del castellano (incluida España) ha llegado a provocar estas irregularidades (ahora aceptadas) y, de paso, mejorar las condiciones sociales de los hablantes (sé lo políticamente incorrecto que suena todo esto); por no hablar de la publicación de un diccionario mejorable a varios niveles, como el etimológico (para muestra un botón).

Apunte: sobre la nueva ortografía espero poder hablar en otro momento (y de forma más extensa).

La pregunta más fácil que se me viene a la cabeza es ¿por qué una editorial privada arremete contra un creador de contenidos como Ricardo Soca en nombre de una institución cuyos caudales consisten, principalmente, “en la asignación ordinaria que se le concede de los presupuestos del Estado”?

Con todo esto ¿qué tenemos? La lengua se pervierte para enaltecer idearios políticos (PP, CiU, BNG, PSOE y otros muchos), aplicar reformas sin que la opinión pública mantenga una posición crítica, independientemente del contenido de las medidas tomadas, para vender productos o hacer pasar contenidos por veraces o dignos de atención (muy de moda en el mundo cultural y periodístico).

Mal nos pinta.

P.S. Veremos si al final no deberemos realizar una suscripción de pago para consultar el DRAE desde nuestro ordenador.